I. ESTRUCTURA JURÍDICA Y PREMISAS DE PROCEDENCIA:
Los artículos 18 párrafo segundo Constitucional y 136, 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal garantizan el derecho a la reinserción social efectiva, preliberación y sustitución de la pena, imponiendo a la autoridad judicial la obligación inexcusable de resolver sin dilaciones indebidas las solicitudes de modificación y compurgación de penas privativas de libertad. En el presente expediente, el justiciable cuenta con una pena de —, de la cual registra un tiempo compurgado efectivo de — (— cumplido), superando los umbrales legales para la procedencia de su libertad, encontrándose la sanción pecuniaria y multa en estado legal de —. Resultan de exacta observancia las Jurisprudencias 1a./J. 86/2023 (11a.) y 2a./J. 192/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los estándares de la Corte IDH en los casos García Rodríguez y Tzompaxtle Tecpile, que obligan a garantizar el acceso a la justicia pronta, completa y una defensa técnica materialmente eficaz en fase de ejecución.